COLUMNA DRAGONES. Los funcionarios y la "Olimpiada de la Corrupción"

Un burócrata, encargado de un buró, responsable de un departamento público; un funcionario pues, no requiere de leyes, normas y/o reglamentos anticorrupción para normar su comportamiento. Basta con que acuda a los valores fundamentales que sustentan la moral pública: honestidad, tolerancia a las ideas, al género, a las preferencias sexuales y a las creencias de los demás, respeto a si mismo, a los derechos humanos, a la diversidad y al medio ambiente. Por mencionar algunos.

No resulta ocioso recordar lo anteriormente dicho en tiempos de enorme desprestigio de la política y de la función gubernamental, en estos tiempos en los que la sociedad se muestra harta de los terribles actos ilícitos de sus servidores y representantes públicos.

Pareciera que vivimos una especie de “Olimpiada de la Corrupción”, donde día a día se rompen récords en materia de peculado, encubrimiento, enriquecimiento inexplicable, nepotismo, tráfico de influencias, coalición de intereses fácticos, etc. Una olimpiada donde se compite por poseer, ilícitamente, la casa más grande, el rancho más ostentoso, los autos más chingones, la cuenta bancaria más abultada y por tener al hijito en la escuela más cara del mundo.

Todo ello sin importar, un bledo, el bienestar de los que nos han contratado para servirlos, para administrar con eficiencia, eficacia y pertinencia sus dineros, los dineros de la comunidad. Digo “nos” porque soy funcionario del Gobierno de la Ciudad de Torreón, un burócrata, y como tal considero un privilegio la oportunidad de servir a los ciudadanos que, quincena a quincena, cubren el salario y las prestaciones que permiten a mi familia subsistir dignamente.

Insisto, no requerimos de leyes y reglamentos anticorrupción. En manos de nosotros, los funcionarios, los burócratas, está el rescatar el “servicio público” del pantano llamado corrupción, del desprestigio en que ha caído la actividad gubernamental. No olvidemos, no arrinconemos, no negociemos, los valores fundamentales que sustentan la moral pública, esos valores que nos trasmitieron en nuestra familias y escuelas.

El funcionario que se corrompe es corresponsable de la pobreza y marginación de muchos mexicanos, es corresponsable de los bajos niveles de competitividad del país, contribuye a la degradación del Estado de Derecho, a la ingobernabilidad y al desprestigio de la función pública.

El funcionario que no roba no es un “pendejo” como no lo fue Benito Juárez, quien acuñó la famosa frase:

“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.