“La burocracia en tiempos de El Peje”

Coincidimos con el Presidente Electo de México en la necesidad de reducir sustancialmente el gasto corriente federal y por lo tanto con la decisión de recortar la nómina del Poder Ejecutivo. En lo que estamos en desacuerdo es en que “no se tocará ni con el pétalo de una rosa” al personal sindicalizado, es decir a los llamados burócratas de base. Diferimos en que los despidos se concentrarán en los funcionarios de confianza, muchos de ellos servidores públicos de carrera, que no han llegado a sus puestos por influencia política o porque los recomendó un tata mandón, sino porque son técnicos especializados en áreas clave de la administración federal. Habría que informarle a “El Peje” que dichos funcionarios son los que “sacan la chamba”, son los que cuando se requiere un “bomberazo” no dejan solo al jefe, son a los que se les pueden asignar diversas y nuevas responsabilidades sin necesidad de negociar un contrato colectivo de trabajo. Son los que toman menos días de asueto y vacaciones.

Soy funcionario público y he laborado en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en ninguno de los cargos que he tenido podría haber “sacado la chamba” sin los empleados de confianza. Sería más conveniente para el Estado Mexicano prescindir de gran parte de los burócratas sindicalizados.

El mismo sentimiento dual lo tengo con respecto a reducir los salarios de los funcionarios públicos. Por una parte aplaudo la decisión de reducir los exorbitantes sueldos que perciben algunos altos mandos, pero no aplaudo que la me

dida sea generalizada y que lastime a funcionarios que ganan de acuerdo a sus competencias laborales. Tal medida puede conducir a una caída sustantiva en la productividad laboral y en la fuga de cerebros de las filas del gobierno federal. Los funcionarios públicos, al igual que cualquiera de los trabajadores de la iniciativa privada, deben percibir sueldo y prestaciones de acuerdo a sus competencias laborales y a sus méritos en el trabajo. Una verdadera evolución (reforma) hacia un gobierno con un mejor beneficio-costo en el gasto debe emanar de una política pública que privilegie la “meritocracia” en la administración de los gobiernos federal, estatal y municipal. Debe decírsele adiós al influyentismo, al nepotismo y a la improvisación.

Concluyamos: una reducción indiscriminada de funcionarios y de salarios puede aumentar, en términos reales, el gasto público, versus un incremento en la eficiencia de la plantilla laboral misma que automáticamente incrementará la productividad y por ende reducirá el costo de dicha plantilla. Menos burócratas, sí; pero también mejores burócratas, funcionarios de carrera, bien pagados, preparados en la administración pública, productivos y dispuestos a servir a su comunidad.